El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, pros y contras (I parte) Hacienda Pública y Derecho Tributario

Ahora, que el nuevo Comité de expertos para la reforma fiscal, convocado por el Ministerio de Hacienda debe reanudar sus deliberaciones para resolver el problema de la determinación del  sistema fiscal español y de la financiación autonómica que afecta a una buena parte de la tributación en España, parece oportuno examinar los pros y los contras del mantenimiento o del cambio profundo del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, no desde el apasionamiento que, a veces, contamina estos debates, sino desde la perspectiva racional de los postulados de Hacienda pública y el Derecho  tributario.

Para empezar…

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) es, seguramente, uno de los tributos más controvertidos de cualquier sistema fiscal, en primer lugar, porque es el más antiguo y longevo que se conoce; porque grava rentas producidas en un momento luctuoso de la vida de sus contribuyentes: la muerte del causante, que suele ser un cónyuge, progenitor o pariente cercano; por producir, según algunos expertos, doble imposición respecto de algunas de las rentas que se adquieren; por gravar indebidamente, según otros comentaristas, rentas del patrimonio familiar; por ser entendido, en algunos casos, como confiscatorio; por las diferencias en el tratamiento según el tipo de bienes, las personas o el territorio, etc.

Como se puede deducir de lo anterior, existen todo tipo de imputaciones de injusticia, desigualdad, confiscatoriedad, insensibilidad social y familiar, sobre-imposición, etc., que conviene analizar separadamente y eludiendo los aspectos emocionales, sentimentales y de cualquier otro tipo, centrando su examen en los diversos enfoques jurídicos y económicos que puedan dar lugar a una solución racional y basada en los aspectos técnicos de la Hacienda Pública y el Derecho Tributario.

La disputa por el mantenimiento y la supresión del ISD se libra, en la actualidad, entre los partidarios del liberalismo en todos sus grados y los seguidores de la socialdemocracia, con posturas en general maniqueas, entre la supresión sin más y su potenciación como vía de alcanzar una mayor justicia e igualdad.

No obstante lo anterior, los que sostienen una doctrina contraria al mantenimiento de este impuesto —casi todos encuadrados en el ala más liberal del espectro político— no suelen recordar que uno de sus apóstoles más renombrados, como fue John Stuart Mill abogaba por gravar las adquisiciones hereditarias.

Dado que Stuart Mill era partidario de una sociedad utilitarista en la que todos debieran ser iguales, consideraba que estaba justificado un tributo sobre las herencias que fuera igual para todos los adquirentes, con independencia de sus ingresos, para evitar que al aumentar su patrimonio por alguna herencia pasaran a ser de mejor condición social y económica.

Con base, asimismo, en ideas de igualdad que eviten las actuales situaciones de concentración de patrimonios excesivas, como el que, en la actualidad existan muchas personas con patrimonios que superan con creces los PIBs de la mayoría de los Estados del mundo, los partidarios del mantenimiento y la potenciación del efecto igualitario del ISD pugnan porque se mantenga y, como han asumido, incluso entidades e instituciones como la OCDE o el FMI, pese a su marcado carácter liberal en cuanto a lo económico, o su incremento en general, para salir de la actual crisis socio-económica derivada del Covid-19.

Asimismo, se aduce para mantener el ISD, el que sea parte de la mayoría de los sistemas tributarios de los Estados occidentales, justificación, que en mi opinión, solo de forma indirecta —si los países de la OCDE y el resto de las grandes potencias tienen un tributo sobre las sucesiones, pudiera inferirse que es acorde con las reglas tributarias de los mismos—, pero sin que presuponga que, en todo caso, cumpla con los principios y los requerimientos socio-económicos tributarios.

 

Hacienda Pública

Según esta parte de la Economía, el ISD es un tributo que puede clasificarse como directo, es decir, que grava de forma directa una capacidad económica como es la obtención de rentas gratuitas por parte, exclusivamente, de  las personas físicas, por esto último, asimismo, se encuadra dentro de los tributos personales, que son los que tienen en cuenta para delimitar el hecho imponible a las personas y sus circunstancias personales de los obligados a satisfacerlos, por lo que se considera, asimismo, subjetivo y, generalmente, tiene el carácter de impuesto progresivo, que en el caso concreto del ISD español se puede calificar de fuertemente progresivo al añadir a una tarifa tipo creciente, los coeficientes multiplicadores según el patrimonio previo y dependiendo, además de su grado de parentesco con el causante.

En la economía clásica, el tributo tiene efectos como el de afectar negativamente la propensión al ahorro, para evitar su gravamen, impulsando la transmisión gratuita por otras vías, como la donación —por lo que normalmente, también se gravan las donaciones conjuntamente con las sucesiones, cerrando así esta vía de elusión del tributo—, tiende a aumentar el gasto de las personas y suele dar lugar a cierta elusión fiscal —transmisiones no declaradas, donaciones en metálico, etc.—.

Por otra parte, además de colaborar a proveer ingresos públicos, como cualquier otro tributo, es un ingrediente de la progresividad del sistema fiscal, promueve la redistribución de la renta y de la riqueza en la sociedad, es decir, la igualdad económica entre las personas, evita la acumulación desmesurada de riqueza en pocas manos y el malestar social que ello conlleva, máxime en tiempos de crisis como los que nos acompañan desde el 2008 en todo el mundo, que han exacerbado dicha desigualdad entre pobres y ricos y el malestar social con dicha desigual distribución de la renta y la riqueza.

Por último, históricamente, es un impuesto al que recurren casi todos los países del mundo, como vía de financiación ordinaria, dadas sus características anteriores y, que en tiempos de crisis económicas, puede servir para paliar los déficits excesivos de los Estados y financiar gastos públicos extraordinarios.

Derecho Tributario

En relación con este aspecto fundamental para seguir manteniendo o suprimir sin más este tributo, creo que se debe enfocar su análisis desde un punto de vista, básicamente, jurídico, sin perjuicio de tener en cuenta, asimismo, aspectos sociales y económicos, ínsitos en los propios principios y la normativa fiscal en general y en la española en particular.

En sintonía con lo anterior, en primer lugar cabe contrastar si el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), es acorde y cumple con los principios y objetivos tributarios que recoge la Constitución Española.

Para dicho examen, según la normativa del ISD, su hecho imponible se configura por la obtención de incrementos patrimoniales gratuitos por parte de las personas físicas, en concreto, el artículo 3 expone:

«Artículo 3. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible:

a) La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio.

b) La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito, “intervivos”.

c) La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario, salvo los supuestos expresamente regulados en el artículo 16.2, a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias.

(…)»

 

Por su parte, el artículo 31 de la Constitución determina que, en función de la capacidad económica de cada obligado tributario, estos deberán contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, siendo sin duda la obtención de renta, que configura el hecho imponible del ISD una clara manifestación de capacidad económica de las personas que la perciben de forma gratuita.

«Artículo 31.
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.»

Por tanto, dado que, en mi opinión, para constatar que existe una demostración patente de capacidad económica debe hacerse referencia, indudablemente, a la obtención de cualquier tipo de renta, mientras que la tenencia de un patrimonio y la realización de gastos, complementan las manifestaciones de capacidad económica de los titulares o de quienes los realizan, por lo que, en conclusión, el ISD grava una clara capacidad económica de los sujetos pasivos de dicho tributo ya que grava rentas, en este caso, obtenidas sin contraprestación alguna.

En el supuesto del ISD, además de cumplir con este primer requisito constitucional, ineludible, para poder ser gravado con una prestación patrimonial de carácter público, cabe también estudiar si cumple con los objetivos expuestos en su propia normativa, en concreto, servir a la redistribución de la renta y de la riqueza, en definitiva, a la igualación de todas las personas.

En este segundo aspecto, que se establece en la referencia constitucional contenida en el mismo artículo 31 a un sistema tributario justo, basado en los principios de igualdad y progresividad, que en cualquier caso no sea confiscatorio, así como en el artículo 130 de la misma que establece el objetivo de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.

Dada la regulación de la tarifa del ISD, indudablemente, de carácter progresiva, que aumenta todavía más con la inclusión de unos coeficientes crecientes en función del patrimonio previo de los obligados tributarios y de su parentesco con el causante —que se incrementan según que el parentesco sea más lejano con el causante—, no cabe duda que este impuesto colabora al cumplimiento del criterio de progresividad del sistema fiscal y a la redistribución de las rentas.

 

La próxima semana seguiremos analizando los pros y contras que traería la modificación del ISD desde el punto de vista de la doble imposición de las rentas que se gravan por este impuesto —a la que hacen alusión sus mayores detractores— al considerar que ya fueron gravadas en el causante por el IRPF; así como al carácter confiscatorio que otros le atribuyen a este impuesto.

Seguiremos comentando en sucesivos posts…

Sin comentarios | Leído 109 veces
Tu puedes enviar una respuesta, or trackback desde tu propio site.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *