El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, pros y contras (IV parte) Conclusión final: se debe mantener, aunque modificando toda su estructura

Finalizamos hoy el análisis de los pros y contras derivados de una modificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que hemos ido desgranando a lo largo de este mes de septiembre (ver aquí 1er., . y 3er. post), con una conclusión final: parece que el mantenimiento del ISD no debiera ni plantearse, mientras que, por el contrario, se evidencia que debiera de hacerse una nueva regulación de este impuesto, para adecuarlo a la situación actual, simplificándolo, armonizando su aplicación en todas las CCAA y acercándolo a la regulación del gravamen de las demás rentas de las personas físicas.

En mi opinión, cabe resaltar en primer lugar que el ISD es quizás el tributo que puede considerarse como más ajustado a los requerimientos constitucionales de nuestro país, porque se basa en una capacidad tributaria directa —que es la capacidad económica respecto de cada tributo— más gravable: la adquisición de forma gratuita, es decir sin contraprestación alguna por parte del adquirente, de rentas gratuitas, que incrementan el patrimonio del obligado tributario, lo que hace que sea un impuesto justo (si se exige un tributo como el IRPF por rentas derivadas del trabajo, el capital, las actividades económicas y las gananciales patrimoniales, sería totalmente injusto no exigir un impuesto similar por las que se obtienen sin hacer nada para merecerlas).

Además de lo anterior se desprende que es un impuesto que responde plenamente a los principios de justicia, al gravar a todos por igual, si bien en España la cesión normativa a las CCAA ha erosionado gravemente la persistencia de este principio constitucional y también el de igualdad (aunque sigue siendo básico para la redistribución de la rentas y los patrimonios), asimismo es un impuesto que coadyuva a que el sistema fiscal sea más progresivo (puesto que en nuestro país, la tarifa y los coeficientes dan lugar a una progresividad bastante superior a la del IRPF).

Todo lo anterior, como se ha dicho, sin desconocer que las desigualdades producidas por la cesión del tributo a las CCAA, así como la proliferación de beneficios fiscales, tanto estatales, como autonómicos, puedan erosionar sus condiciones de igualdad y justicia tributaria; por lo que considero que, debiendo ser sometido a una modificación en profundidad, sobre todo para eliminar adherencias, tales como la presunción general de la existencia del ajuar doméstico, los coeficientes de patrimonio preexistente y familiar, los beneficios fiscales que prácticamente suprimen la base imponible y otros, debiera de ser mantenido y armonizado en toda España.

En resumen, sopesando los pros y los contras sobre el mantenimiento del ISD, creo que los hechos demuestran su adecuación a los principios constitucionales que deben informar la normativa de cualquier tributo, o a las condiciones que exige los postulados de la Hacienda Pública para establecer y mantener cualquier impuesto, por lo que, sin duda debería seguir manteniéndose.

Sin embargo, dado que la actual normativa del ISD ha sido degradada fuertemente por el paso del tiempo y, sobre todo, por la cesión normativa efectuada por el Estado a las CCAA, creo, imprescindible, retrotraer a la esfera estatal las potestades que han llevado a que en cada territorio rijan normas tan dispares que permitan diferencias de trato no justificadas por la simple situación territorial de los implicados en el impuesto —no se debiera permitir que, porque el causante residiera en una CA determinada, prácticamente no se satisfaga nada por este tributo y que en otra CA se deba pagar por el total adquirido—.

Además de lo anterior, también parece que ha llegado el momento de analizar y plasmar una nueva normativa que tenga en cuenta los errores de la actual, tales como la presunción del denominado «ajuar doméstico», sus elevados tipos fiscales, el incremento del tributo en función del patrimonio preexistente del adquirente, que nada tiene que ver con el objeto del gravamen, la abundancia de beneficios fiscales exagerados, como eximir casi en su totalidad las transmisiones de algunos bienes, sobre los que las exigencias son mínimas, lo que produce una aplicación casi general de dichos beneficios que vacían la recaudación del mismo, lo que sirve, además, para que algunos —a veces los más beneficiados— achaquen al ISD falta de importancia recaudatoria.

Por lo expuesto, parece que el mantenimiento del ISD no debiera ni plantearse, mientras que, por el contrario, se evidencia que debiera de hacerse una nueva regulación de este impuesto, para adecuarlo a la situación actual, simplificándolo, armonizando su aplicación en todas las CCAA y acercándolo a la regulación del gravamen de las demás rentas de las personas físicas.

 No obstante lo anterior, en mi opinión, otra solución más justa incluso que el mantenimiento, sería la de incorporar el gravamen de estos incrementos de patrimonio gratuitos al IRPF, equiparándolos a las ganancias patrimoniales que se integran en la base imponible del ahorro, de tal manera que tuvieran el mismo trato que las ganancias patrimoniales onerosas, consiguiéndose así con un solo movimiento, por una parte, armonizar todas las ganancias patrimoniales, sean gratuitas u onerosas y, además, igualando el trato de las primeras, cualquiera que fuera el territorio donde ahora se gravan.

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