Impuestos mínimos como instrumentos de armonización de la financiación autonómica

Al hilo de la propuesta del Presidente de los EE.UU., Joe Biden, de establecer un gravamen mínimo sobre los rendimientos de las empresas, en especial de las grandes corporaciones multinacionales, sobre todo, respecto a las grandes tecnológicas, como Google, Facebook, Microsoft, etc., y del artículo publicado recientemente por economistas del FMI, respecto a los impuestos mínimos, me parece muy oportuno revisar este modelo de tributo en relación con la financiación autonómica y, más en concreto, con los impuestos estatales cedidos a las CC.AA.

 ¿Qué es un impuesto mínimo nacional?

 Un impuesto mínimo es un gravamen que establece un tipo y una base imponible establecidos por una determinada autoridad fiscal, que no pueden ser minorados por ningún tipo de beneficio personal u objetivo, para alcanzar así una recaudación estable y suficiente para cubrir las necesidades públicas de dicha autoridad y evitar la competencia fiscal a la baja, por la huida de los obligados al pago al territorio de otra autoridad fiscal.

Según los mencionados economistas del FMI, Aqib Aslam y María Coelho en el resumen (lo resaltado en negrita de mi única responsabilidad):

«La idea de una tasa impositiva mínima no es nueva. A nivel local, los países han estado utilizando formas modernas de imposición mínima desde al menos la década de 1960, gravando a las empresas sobre los ingresos generados en función de la actividad realizada dentro de su territorio. El objetivo de esta imposición mínima “local” (nacional) es evitar la erosión de la base impositiva por el uso excesivo de lo que se conoce como “preferencias fiscales”. Estas preferencias fiscales adoptan la forma de créditos, deducciones, exenciones especiales y bonificaciones y, por lo general, resultan en una reducción en la cantidad de impuestos que debe una corporación. Al instituir una tasa impositiva mínima corporativa, los gobiernos garantizan un piso en la contribución de las empresas al erario público.

Los impuestos mínimos se calculan típicamente utilizando una base impositiva simplificada alternativa que evita las complejidades de la base impositiva corporativa estándar. A menudo se basan en el volumen de negocios (ingresos brutos o recibos) o activos (netos o brutos). Una tercera alternativa utiliza definiciones modificadas para los ingresos corporativos que limitan explícitamente el número de deducciones y exenciones permitidas.»

¿Cómo y por qué utilizar la idea del «impuesto mínimo» en la financiación autonómica?

El sistema de financiación autonómica, por lo que afecta a los tributos estatales cedidos a las CC.AA., funciona básicamente como el sistema internacional —aunque sin afectar al Impuesto sobre Sociedades—, de tal forma que por lo que se refiere a las personas físicas sometidas a lo que se denomina imposición patrimonial, establece que las CC.AA. puedan fijar, no solamente, el tipo de estos tributos —Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados—, sino también beneficios fiscales de todo tipo, por lo que los impuestos mínimos podrían evitar en gran parte, que dichas Autonomías, pudiesen ejercer una competencia a la baja entre ellas que, a la postre, como ha sucedido ya en algunos casos, erosione gravemente los ingresos fiscales de casi todas ellas.

En efecto, la minoración de los ingresos debidos a  la bajada de tipos y erosión de las bases no solo disminuye los ingresos de quien los establece en su territorio, sino que, por la vía de la atracción de contribuyentes de alto nivel económico, también detraen ingresos de las Comunidades en las que disminuyen los obligados al pago, un ejemplo evidente es el caso de la supresión de facto del Impuesto sobre el Patrimonio en Madrid, por el que dicha Autonomía no recauda un solo euro y que, además, hace que bajen las recaudaciones de otras CC.AA.

Formas posibles para establecer dicho impuesto mínimo respecto a la imposición patrimonial

Como se puede comprobar en mi anterior post de 17 de diciembre de 2020, titulado: La armonización fiscal autonómica: el caso del Impuesto sobre el Patrimonio en Madrid, incluí la necesidad de integrar en la cesión del Impuesto sobre el Patrimonio y en el de Sucesiones y Donaciones, normas que impidieran la desfiscalización de hechos imponibles, así como la introducción de unos niveles mínimos de tributación que impidan una competencia a la baja, para evitar la práctica desaparición del tributo, al menos en las transmisiones de riqueza entre familiares directos. Estos mínimos deberían aplicarse también a las Comunidades forales, para que puedan desplegar todos sus efectos.

La forma de establecer un impuesto mínimo puede ir desde fijar un tipo mínimo para todas las CC.AA. que no pudiera ser modificado a la baja o transformarlo en un sistema de tarifas o escalas que, al final, dieran lugar a un menor tipo efectivo, pero acompañado, además, por la determinación de una base fija o prácticamente igual sobre el que calcular dicho gravamen mínimo, en este sentido actúa la denominada, en este sentido, ya existe en la normativa actual de la financiación autonómica de las CC.AA. de régimen común una especie de base imponible fija que es el denominado valor normativo, que se define en el artículo 3 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias,  de la siguiente forma:

«Artículo 3. Necesidades de financiación en el año 2007

(…)

En el supuesto de recursos sujetos a liquidación se entiende por valor normativo el importe de su rendimiento sin tener en cuenta el ejercicio de competencias normativas realizado por la Comunidad Autónoma.»

Otra forma de instrumentarlo es regular una base y un tipo general de dicho gravamen mínimo y, sin embargo, permitir que las Autonomías regulen como consideren oportuno el tributo de que se trate y si la cuota a ingresar derivada de esta regulación es menor que la correspondiente al impuesto mínimo, exigir la cuantía de este último.

Asimismo, contemplé en el post citado que si se permitiera a las CC.AA. suprimir el tributo de que se trate en su territorio, que este se exigiera por el propio Estado de acuerdo con la regulación mínima antes citada.

En conclusión, como ya he mantenido en otras ocasiones, los impuestos estatales cedidos, total o parcialmente, a las CC.AA. debieran contener mecanismos que evitasen diferencias en su exigencia, que no parecen justificadas a la vista de lo dispuesto en nuestra Constitución, de los principios tributarios ni de la Justicia y la Igualdad y, desde luego, que impidieran la eliminación o la degradación casi total de su recaudación en ningún territorio español, incluyendo, los de carácter foral.

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