La tributación conjunta: intensa polémica sobre este beneficio fiscal y traspies político fiscal del Gobierno

En momentos de elevada incertidumbre como ha sido la campaña política de la elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, aumentada por la persistencia de la pandemia del COVID-19 y además, en pleno periodo de declaración del IRPF, en los medios de comunicación se ha colado la posibilidad de que el Gobierno prepara, dentro del denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es decir, del  plan económico enviado a  la Unión Europea para acceder a los fondos europeos de recuperación, la supresión de la tributación conjunta en el citado IRPF. Esto merece ser comentado…

Las reacciones totalmente contrarias a tal intención han sido de tal magnitud que, casi inmediatamente, desde el Gobierno se ha minimizado tal propuesta, comunicando que no se incluye en dicho plan o diciendo que se trata de una errata y que, simplemente, se trata de una indicación recogida en el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre los beneficios fiscales del sistema tributario español (véase CincoDías del 5 de mayo de 2021), que comenté en este mismo blog el 11 de agosto del 2020 (Contra la actual crisis, ¡hay que revisar todos los beneficios fiscales!), que se trasladará al Grupo de Expertos para la reforma fiscal para que lo pueda valuar y, en su caso, incluir en sus conclusiones sobre la enésima reforma —aquí, sin ánimo de banalizar, podría comentarse aquello de, ¿por qué lo llaman reforma, cuando se refieren a simples retoques del sistema fiscal?—.

Mi posición sobre este beneficio fiscal

Como ya expuse en el comentario del verano pasado al analizar el mencionado informe de la AIReF, mi opinión es totalmente opuesta a la supresión de este beneficio fiscal, porque la idea de la supresión se fundamenta en criterios macro-socioeconómicos, es decir, si se suprime tal beneficio se ingresaran 2.392 millones de euros y además, favorecerá que las mujeres y los jóvenes se incorporen al mercado laboral, puesto que al perder este «ingreso» para los segundos perceptores de renta —casi siempre, más bien no perceptores— se verán impelidos a buscar trabajo.

Haciendo constar, en pro de la verdad y la objetividad de este comentario, que no me considero esencialmente hacendista, sino que procuro tener una visión jurídica de los tributos y muchas dudas sobre las conclusiones de los especialistas económicos que abordan estos temas desde un plano general o macro-socioeconómico —de cuyo campo me parece que sí se puede aceptar que los tributos sirven para recaudar ingresos y que, todas las demás cuestiones y efectos cabe discutirlos— entiendo que no debe suprimirse este beneficio porque su eliminación, ni tan siquiera gradual, olvida la situación real de las mujeres y los jóvenes no emancipados, a quienes por mucho que pudiera favorecerles en conjunto, que se suprimiera este leve estímulo fiscal a no trabajar, se encontrarían frontalmente con la realidad de una economía, cuyo mercado laboral no les permite siquiera incorporarse a sus escalones inferiores, con lo que se estaría discriminando  económicamente de forma negativa a dichos colectivos, siendo el ahorro fiscal escaso.

Qué dice el informe de la AIReF sobre este beneficio

Como comenté en su día, el informe es técnicamente acorde con los métodos científicos, al basarse en los datos contrastados  e la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Estado, a los que se han aplicado los principios, reglas y procedimientos de la Hacienda Pública, la Estadística y las demás disciplinas que se ocupan de la economía, en general y de los ingresos y los gastos públicos, en particular.

Al ocuparse de los beneficios fiscales los evalúa en función de su adecuación al tributo de que se trata, de su coste, de si alcanza los objetivos de los beneficios fiscales y de otros extremos, así, respecto a esta reducción, su análisis se resumen textualmente así:

«Reducción por tributación conjunta (modalidad matrimonio)

— DEFINICIÓN: 3.400 € para matrimonios que opten por hacer una única declaración.

— COSTE (millones €): 2.393

— DESIGUALDAD: Neutral.

— OBJETIVO: Adecuar el impuesto a la composición de rentas del hogar.

— CUMPLIMIENTO OBJETIVO: SÍ, aunque genera un desincentivo a la participación laboral del 2º perceptor de renta (mayoritariamente mujeres) acentuando los problemas de brecha de género de la economía española.

— PROPUESTAS: Acelerar su paulatina desaparición mediante el establecimiento de un régimen transitorio para no perjudicar a las familias con menor capacidad de adaptar sus decisiones de participación a la nueva situación. Compensar el efecto negativo que continuará teniendo, con nuevos incentivos a la participación laboral de las mujeres que disminuyan la brecha de género.»

Cabe añadir a lo anterior, que la medida afectaría a unos 2.2 millones de declaraciones conjuntas, unos 4,4 millones de contribuyentes, situados casi todos ellos en el tramo de hasta 22.000 € de renta, con un impacto medio de unos 900/1.100 € por matrimonio y un coste para el Estado de alrededor de 2.400 millones de euros.

Por tanto, una vez entendido en todo su conjunto el análisis y la propuesta del AIReF, creo que no se puede, sin más, reducir esta parte de su informe en que propone suprimir esta reducción por tributación conjunta, porque aunque figura al final, su propuesta debiera ser leída desde dicho punto: establecer nuevos incentivos a la participación laboral de las mujeres para que disminuya la brecha de ingresos con los varones, pudiéndose así, posteriormente, ir retirando progresivamente este beneficio fiscal.

Sobre este mismo beneficio fiscal, varios medios de comunicación social, amén de especialistas de todo tipo y algunos políticos, han destacado los últimos días, que su eliminación perjudicaría sobre todo a las rentas más bajas, sector que suele padecer un mayor grado de desempleo estructural en nuestro país.

En cuanto a las repercusiones políticas que ha tenido el simple conocimiento de la posibilidad de esta eliminación de la declaración conjunta, aunque no haya sido muy destacada por los comentaristas, tertulianos y demás expertos políticos, basta y sobra con observar los resultados de los candidatos de los partidos del Gobierno del Estado en las recientes elecciones a la Comunidad de Madrid, al afectar, precisamente, a las personas que por su nivel de ingresos pudieran ser sus votantes más naturales.

Análisis jurídico

Desde un punto de vista meramente jurídico, el informe de la AIReF no incluye que, esta reducción por tributación conjunta, responde y da cumplimiento a varios principios constitucionales del orden fiscal, como son los de igualdad, justicia y capacidad económica, puesto que como se pone de manifiesto, incluso, en dicho informe de la AIReF, se trata de que las personas casadas, así como las solteras, viudas o divorciadas con hijos que formen una unidad familiar, tributen igual que estas últimas cundo lo hacen de forma individual, lo que sin duda incrementa la justicia del sistema tributario y se ajusta a la capacidad económica real de las personas que pueden optar por esta forma de declarar el IRPF.

Según la normativa constitucional que he comentado, recogida en el artículo 31.1 de nuestra Constitución, la supresión sin más de esta reducción, sin que previamente se introdujeran medidas que ampliaran y flexibilizaran, realmente, el mercado laboral, sería una vulneración encubierta de dichos principios constitucionales.

En resumen…

Sin que previamente se establezcan condiciones reales que fomenten que, realmente, exista en España un mercado laboral que permita trabajar a todas las personas que lo deseen, cuestión que, según los datos de la economía de nuestra reciente historia ahora no es posible, no sería justo, desde el prisma de nuestro sistema jurídico, eliminar este beneficio, ya que según los estudios sobre el mismo, no produce desigualdad entre los contribuyentes del IRPF, cumple con el objetivo de cualquier beneficio fiscal, en este caso, adecuar el gravamen a la composición desigual de las rentas obtenidas en un hogar y, aunque, pudiera generar un pequeño efecto desincentivador a los perceptores de segundas rentas en el hogar a buscar trabajo, el que no exista un mercado laboral que acoja a todos los que desean trabajar, hace que deba mantenerse.

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