¿Qué pasará ahora con el Impuesto sobre el Patrimonio (IP)?

Una vez consolidado el Gobierno de izquierdas mediante la coalición PSOE y UP, parece que este controvertido impuesto tiene asegurado otro tiempo de permanencia en el sistema tributario español, pero, ¿en qué condiciones?

Según establecían los programas políticos de los partidos coaligados, parece que se apuesta por la continuidad de este tributo y, si cabe, con una mayor dosis de control de las grandes fortunas. Así, en el programa político del PSOE para las pasadas elecciones del año 2019 se exponía que «se implantará un mayor control de contribuyentes con elevados patrimonios», añadiendo que, «quienes más capacidad económica tienen deberán contribuir en mayor medida». Por su parte, en el programa político de UP, se explicaba que se crearía un nuevo impuesto progresivo sobre las grandes fortunas que recaudase un 1 por ciento del PIB, cuyos contribuyentes serían los que poseyeran más de un millón de euros, y según esta formación, se recaudaría aproximadamente unos 12.500 millones de euros, para lo cual tendría unos tipos del 2 al 3,5 por ciento y sustituiría al actual IP.

La postura de la oposición, por el contrario, según los programas y comunicaciones del PP y de CS era, aunque no pudieran, lógicamente, aplicarlo, suprimir de una vez para siempre el IP.

El problema que se plantea es en primer lugar ideológico, en el que no voy a entrar, por la razón de que se trata de examinar este asunto desde un punto de vista técnico tributario.

La primera cuestión es, ¿puede este impuesto, al que se ha tildado de falto de potencial recaudatorio [y por ello suprimible], llegar a alcanzar el importe que le asigna en su programa UD?, creo que, sin duda, siempre que se supriman las exenciones del actual IP, las bonificaciones autonómicas y se cuantifique la base imponible por el valor real o de mercado, aun manteniendo, o incluso bajando los tipos actuales, se puede afirmar que sí —en este sentido, solo con incluir la recaudación de Madrid, se aumentaría en más de 1.000 millones de euros y si se suprimen las exenciones de vivienda, bienes del patrimonio histórico y «empresa familiar» la subida podría superar los 7.000 millones de euros.

En el sentido anterior, cabe destacar que quienes consiguieron ir introduciendo beneficios fiscales a su favor en el IP: «lobbys», partidos políticos e incluso, algunas entidades de todo tipo, son quienes defienden su supresión, sobre todo por su falta de recaudación y por el manido argumento de la doble imposición.

En cuanto a dicha doble imposición, en primer lugar, solo puede decirse que existe doble imposición económica, es decir, que se grava dos o más veces un mismo patrimonio, pero no una doble imposición jurídica, que es cuando además, se grava al mismo contribuyente, que es la que se debe evitar según las normas internacionales.

Por otra parte, ¿es técnicamente adecuado gravar el patrimonio en un sistema fiscal de un país? Respecto a esta cuestión en principio, también cabe contestar afirmativamente, puesto que si la tributación se basa en la capacidad económica de los obligados a soportarla, es claro que dicha capacidad se manifiesta en la obtención de rentas, en la tenencia de patrimonio y en el consumo. Pero, sin salir de este punto, hay que dilucidar si, además, se puede o debe gravar la riqueza de las personas por uno solo o por varios tributos, como sucede en España, que grava el patrimonio total de forma estática y dinámica y, además, vuelve a gravar en algunos supuestos determinados bienes o derechos. Sobre este punto, no existe norma alguna que impida que se puedan gravar rentas, consumos o patrimonios por varios tributos, solamente, se opondría a este múltiple gravamen, el que se desorganizase el sistema tributario establecido constitucionalmente.

Consecuentemente, en mi opinión, nada se opone a que desde un punto de vista, estrictamente técnico tributario se mantenga y modifique el IP, para que sea un impuesto básico en la financiación de las CCAA o en general del Estado, o se utilice su recaudación para otros fines. Otra cosa es cómo pueda implementarse la modificación por parte del Gobierno, sobre todo si se tiene en cuenta que todavía no ha aprobado siquiera los Presupuestos y que esta posible modificación se encuadra dentro de la financiación autonómica, lo que sin duda lo complica aun más.

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3 opiniones en “¿Qué pasará ahora con el Impuesto sobre el Patrimonio (IP)?”

  1. Contribuyente dice:

    Asombroso. El universo paralelo de ciertas personas que viven de lo que se quita coactivamente a los que trabajan y que jamás han tenido que vivir del fruto de su trabajo en el libre mercado es asombroso.

    ¿Para qué hablar del carácter confiscatorio? ¿O de su prácticamente nula presencia a nivel internacional? ¿O de que perjudica gravemente a las rentas medias ya que las altas pueden constituir sociedades a las que adjudicar un empleado? ¿O de que fue un impuesto extraordinario que aún persiste? ¿O de que pueden tenerse pérdidas y tener que tributar por patrimonio (una medición de la capacidad económica harto curiosa)? ¿O de su efecto desincentivador sobre el ahorro? ¿O de su efecto perjudicial sobre la creación de empresas? ¿O de que obliga a los empresarios a que no puedan jubilarse jamás en la vida?

    Realmente asombroso.

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